Telefónica lleva ya un tiempo ofreciendo el llamado “Abono Social”, facilidad que ofrece la operadora española a las personas mayores de sesenta y cuatro años o jubiladas por incapacidad laboral absoluta que consiste en una reducción del setenta por ciento de la cuota de alta de la línea y del noventa y cinco de la cuota mensual.

El coste de las llamadas es el mismo que para cualquier otra persona y no existe límite de consumo. El Pleno del Senado aprobó este miércoles por unanimidad una moción que pretende garantizar que el Abono Social de Telefónica llegue a la totalidad de los pensionistas que cumpliendo los requisitos exigibles tuvieran derecho a esta bonificación.

Esta iniciativa exige también que se hagan las correcciones necesarias en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, más conocido como IPREM, , para que no se queden fuera de la prestación más de cien mil pensionistas por una pequeña diferencia. Actualmente, para beneficiarse del Abono Social la renta familiar no se puede superar los 600 de sueldo al mes, que es el equivalente al ciento diez por ciento del IPREM.

El número de personas a las que afecta la moción supera los dos millones de pensionistas y jubilados que reciben una pensión mínima y, por tanto, se mueven en un entorno de los 500 y los 600 euros de pensión mensual. Se da el caso de que generalmente, los beneficiarios son personas con dificultades de movilidad personal y que en muchos casos viven solas, por lo que necesitan las telecomunicaciones para no aislarse más en una sociedad que tiende a arrinconarlos.


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