“Es triste pedir, pero más triste es robar”. Este dicho popular bien lo podría utilizar la SGAE como lema en una campaña para publicitar su flamante canon digital. Porque la Sociedad General de Autores, con el reciente impuesto aprobado en el BOE, ya PIDE una cantidad extra en ciertos artículos tecnológicos bajo la premisa del ROBO que llevarían a cabo los usuarios de fracciones correspondientes a los derechos de los autores.

Una ley que surge de la premisa de que los usuarios somos ladrones, echando por tierra totalmente la presunción de inocencia, obviamente es difícil que sea bien vista por muchos sectores de la sociedad. Una iniciativa indiscriminada y preventiva que se basa en “recaudar” para compensar por lo que “seguro” va a hacer el ciudadano (delinquir), y sin tener en cuenta la renta de éste, obviamente no va a ser aplaudida ni laureada.

Aún así el señor Bautista, Presidente de la SGAE, se empecina hoy en decir que en vez de información suficiente sobre el canon lo que existen son mentiras insistentes y perversión. Y mi pregunta es ¿En seis años que llevamos a vueltas con esta polémica tarifa es que no ha tenido tiempo la Sociedad de Autores de informar correctamente a los consumidores?

Se dice que el margen de beneficio entre el fabricante y el importador es lo suficientemente grande como para que el producto no tenga que elevar su precio final y afectar al consumidor. Tiempo al tiempo, señor Bautista. Como que ahora a los comerciantes les va a dar igual obtener menos beneficio. Imaginémonos como podría repercutir el canon en un importador o comerciante que centre su negocio en las nuevas tecnologías si éste no exigiera una retribución “proporcional” a sus clientes.

No creo que sea una cantidad muy pequeña, partiendo de la base de que a un simple usuario la broma del canon podría salirle por unos 250 euros al año si las tarifas del producto final subieran, como es previsible que ocurra. En el caso de que eso pase ¿Quiénes serán los “perversos”? ¿Quiénes serán los que roben o mientan? ¿Los usuarios? ¿Los importadores y comerciantes? ¿O la propia SGAE y compañía?


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