El proyecto de Ley de Economía Sostenible y su contemplación de otorgar autoridad, al margen de la justicia, para vetar las webs que sean susceptibles de alojar contenido protegido por derechos de autor ilegalmente, sigue dando que hablar.

El vacío legal que se pretende crear con una nueva Ley ha creado tal revuelo, que no se ha tardado en ver como se han dado un par de pasos atrás en el tono de las declaraciones iniciales por parte de los políticos. Ahora se escudan en que es un proyecto de Ley, y como tal habrá que estudiar la viabilidad, pero siempre buscando una solución positiva para todas las partes.

Este es el último discurso esgrimido para paliar el aluvión de críticas de los últimos días.
Sea como fuere, es evidente que la solución a la actual situación de vulneración de derechos de autor, que no vamos a negar que existe en todo el mundo, no se puede “inventar” al margen de la justicia.

Estamos hablando de un problema legal de dimensión global que ni si quiera primeras potencias han podido parar a pesar de lo evidente que es su existencia.Japón, EEUU o China son claros ejemplos de como coexisten con ese problema sin una solución real que no invada la privacidad de la que debe gozar un susario para intercambiar sus archivos de forma personal a través de las redes P2P.

Parece que con esta medida se busca más asustar al usuario ante el cierre de webs que se podría avecinar, para que así,una vez dada marcha atrás una medida tan descabellada, se implantara un impuesto oficial (como el canón pero oficial y vitalicio) que gravase la posibilidad de hacer una distribución de los derechos de autor.

Esto entra dentro del terreno de la especulación pero es un rumor más que evidente que lleva surcando los mentideros d einternet unt iempo, y cuando el río suena…


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