Numerosos municipios de nuestro país realizan gestiones para ofrecer internet de forma gratuita en el casco urbano pero las buenas intenciones de algunos ayuntamientos no es suficiente para competir con la todopoderosa industria de telecomunicaciones, que ven en estas iniciativas un ataque directo a su negocio.

En más de 140 ciudades a lo ancho de nuestra geografía es posible chatear y mandar emails de forma gratuita desde cualquier rincón del barrio, sufragado en su totalidad por la publicidad y por la colaboración de instituciones privadas. De momento son las pequeñas ciudades las que se han lanzado a ofrecer el servicio.

Para ello es necesario cumplir una serie de requisitos que se exigen desde la CMT o Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: En primer lugar, los municipios han de inscribirse de forma oficial como operadores, ya que de otra forma estaría totalmente prohibido el ofertar este servicio sin cobrar nada debido a las leyes de competencia que tan religiosamente observan todos los teleoperadores.

Después han de sacar a licitación y concurso el proyecto, con un plan de financiación que no puede nutrirse de fondos públicos. Para ello han de elaborar un plan de ingresos que provengan de publicidad y contar con la ayuda de entidades privadas a las que interese que se facilite el servicio, como hoteles, oficinas bancarias, cafeterías, terrazas, etc…

Hasta aquí no parece muy difícil dar los primeros pasos, pero las cosas cambian cuando es una gran ciudad la que se interesa en este servicio. La CMT no pone trabas a municipios menores ya que considera que no atentan contra la libre competencia, pero ciudades de más de medio millón de habitantes se enfrentan a numerosas trabas legales que lo hacen virtualmente imposible.

Avilés ya está a punto de ser la primera ciudad en ofrecer Wi-Fi gratuito con publicidad, mientras que Barcelona ya ha intentado dos veces esta iniciativa sin éxito alguno. El quid de la cuestión estriba en considerar el acceso a internet como un servicio público. Por ahora, la tónica general de la legislación que existe al respecto es considerarlo “de interés general”, unas simples palabras que vienen a decir que es una cosa útil pero no imprescindible para el ciudadano.

Y esto en plena era de la información. De momento, ante esta imposibilidad real, se ha intentado esquivarlo cobrando una pequeña cantidad de dinero a quien se conecta o incentivando el uso de redes wifi personales como la que actualmente, y con una enorme aceptación, tiene consolidada los usuarios FON en el barrio de Chueca en Madrid.

En definitiva, tenemos la tecnología pero también tenemos la burocracia. Un paseo por los parques de cualquier país nórdico nos podría dar una buena muestra de la estupenda unión de la tecnología con lo social.


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